Grupo parlamentario Libertad presentó cinco exigencias para abordar la crisis económica en Venezuela

El Grupo Parlamentario Libertad propone cinco exigencias fundamentales para enfrentar la crisis socioeconómica que vive Venezuela, con el objetivo de avanzar hacia la reinstitucionalización económica, la transparencia y la credibilidad del Estado.

El diputado Stalin González, jefe de la bancada, se refirió a los recientes anuncios de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y solicitó un debate urgente en la Asamblea Nacional. “Propusimos un debate sobre la situación socioeconómica y la crisis económica que vive el país, y esperamos que ese debate pueda realizarse esta misma semana”, señaló González.

El parlamentario destacó que Venezuela atraviesa una crisis profunda que se ha extendido por varios años. “En el fondo, lo que debemos resolver para que cualquier país avance son instituciones sólidas, garantías y credibilidad en el Estado venezolano”, afirmó.

“Por eso insistimos en lo estructural: instituciones sólidas, transparencia en las cifras, claridad en el presupuesto y un debate serio sobre el sistema de seguridad social, la ley del trabajo y el modelo económico”, agregó el diputado.

Durante el debate propuesto, el Grupo Parlamentario Libertad presentará cinco exigencias estructurales. La primera es la reinstitucionalización económica, que incluye recuperar la autonomía del Banco Central de Venezuela, cumpliendo estrictamente el artículo 318 de la Constitución, para que su objetivo primordial sea la estabilidad de precios y cese el financiamiento monetario al déficit fiscal. Asimismo, se demandará la transparencia estadística mediante la publicación mensual y oportuna de indicadores clave como el IPC, el PIB y la Balanza de Pagos, eliminando la opacidad que ha marcado los últimos años.

La segunda exigencia se centra en la fiscalización y transparencia del ingreso nacional. Se expondrá que el Estado recaudó 3.032 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, equivalente al 37,2% de todo lo obtenido en 2025, y se demandará que estos recursos se traduzcan en una mejora real de los servicios públicos. Basados en el artículo 315 de la Constitución, se pedirá que el Presupuesto de la Nación sea público y que cualquier fondo de estabilidad sea supervisado directamente por la Asamblea Nacional.

En tercer lugar, se busca sincerar la realidad del sector petrolero. Aunque la producción alcanzó 1,1 millones de barriles diarios en marzo de 2026, las ventas netas reales son menores (840 mil barriles por día) debido al consumo interno y fallas logísticas. Se propondrá invertir en infraestructura para evitar episodios como el de enero de 2026, cuando los despachos cayeron a 620 mil barriles por día.

La cuarta exigencia apunta a reinsertar a Venezuela en el sistema financiero global. Se posicionará el cumplimiento del Artículo IV del FMI como un paso indispensable para obtener un “sello de calidad” internacional, reducir el riesgo país y facilitar la renegociación de la deuda externa, garantizando el suministro de información veraz y oportuna al sistema monetario internacional.

Finalmente, como quinta propuesta, se plantea reformar el modelo de bienestar social. Esto implica avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones basado en ahorro individual, alejándose del actual esquema de reparto que está quebrado, donde el Estado aporta el 91% de los fondos, y promover una reforma laboral que incentive el empleo real, depure las nóminas públicas y permita que los salarios respondan al crecimiento del PIB y no a decretos inflacionarios.

González concluyó que “una economía que se dice en crecimiento, pero que funciona sin planificación, sin transparencia y con opacidad, hace muy difícil resolver los graves problemas que enfrenta el país”.